¿Qué revelan estos datos?
El registro de 1.048.554 sanciones en este listado representa una muestra significativa del total de comparendos irregulares confirmados por el Ministerio de Transporte. La Superintendencia de Transporte estimó que el universo completo de fotomultas sin validez jurídica supera los 5,8 millones a nivel nacional — esto significa que los datos aquí presentados corresponden a aproximadamente el 18% del total identificado. La diferencia obedece a que el listado oficial publicado en formato Excel estuvo limitado a poco más de un millón de registros por restricciones del formato, mientras que la investigación de la Supertransporte abarcó el universo completo de sanciones expedidas en el período irregular.
La concentración geográfica es llamativa. Antioquia encabeza el listado con 266.354 sanciones — superando incluso a Bogotá D.C. — gracias a que varios municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Medellín, Bello, Itagüí, Sabaneta) operaron sistemas SAST simultáneamente y de forma irregular. Bogotá, pese a tener el mayor número de multas como ciudad individual (253.091), representa un período investigado más corto: apenas 13 meses entre diciembre de 2018 y enero de 2020. Cali, en cambio, operó de forma irregular durante 72 meses continuos — seis años — lo que explica por qué la Supertransporte reporta para esa ciudad más de 2,7 millones de comparendos inválidos en el total del universo investigado, una cifra que excede con creces lo visible en este listado.
El 45,5% de las sanciones ya habían sido pagadas por ciudadanos al momento de publicación del listado — casi 477.000 personas que desembolsaron dinero por multas que ahora se reconocen como irregulares. Para este grupo, la devolución no es automática: el Ministerio de Transporte estableció que cada ciudadano debe presentar un Derecho de Petición formal ante la Secretaría de Movilidad correspondiente, acompañado del comprobante de pago original. La Secretaría de Movilidad de Bogotá advirtió que el proceso de devolución efectiva del dinero puede tomar hasta un año, dado el volumen de casos a procesar.
La concentración de sanciones en los años 2022 (52,9%) y 2023 (47,1%) no es casualidad. La Ley 2251 de 2022 — que formalizó el requisito del Concepto de Desempeño del INM — entró en vigor en julio de ese año, pero la mayoría de los organismos continuó operando sin la certificación durante meses posteriores a la promulgación. Esto significa que una parte sustancial de las multas de 2022 y la totalidad de las de 2023 en el listado fueron expedidas después de que el marco legal ya exigía expresamente la certificación técnica — lo que refuerza la posición jurídica de los ciudadanos afectados al momento de presentar sus peticiones.
El impacto financiero es considerable. El valor total de las sanciones del listado supera los $663.000 millones de pesos colombianos. Solo las tres ciudades principales — Bogotá, Medellín y Cali — concentran $279.410 millones, el 42,1% del total bajo revisión. Estos montos no representan necesariamente dinero a devolver en su totalidad, ya que incluyen tanto multas pagadas como no pagadas, y la revocatoria de las no pagadas no implica devolución sino cancelación del registro. Sin embargo, la suma de las sanciones ya pagadas constituye el monto real potencialmente reembolsable, cuya cuantificación exacta depende del proceso de reclamación individual que adelante cada ciudadano afectado.
Estado de pago al momento del listado
Del total de sanciones investigadas, el 45,5% ya había sido cancelada por los ciudadanos.
Exclusión de oficio por la entidad
Proceso de petición ciudadana
Distribución por año de expedición
Las sanciones del listado fueron expedidas principalmente entre 2022 y 2023.
Top 5 ciudades con más sanciones investigadas
Número de registros en el listado oficial por ciudad.
Top 5 departamentos
Concentración de sanciones investigadas por departamento.
Valor total de sanciones investigadas — Top 5 ciudades
Monto acumulado (en millones de COP) de todas las sanciones del listado por ciudad, sin importar si están pagadas o no.
Evolución mensual de sanciones expedidas
Número de sanciones por mes en el listado investigado. La caída abrupta en noviembre–diciembre 2023 marca cuando los organismos comenzaron a regularizar operaciones.
Top 10 ciudades con más sanciones
Ranking ampliado a las 10 ciudades con mayor número de registros en el listado investigado.
Distribución por valor de sanción
Rango de cuantía de las sanciones. El valor promedio del listado es $778.707 COP por comparendo.
¿Por qué varían los montos? El valor depende del tipo de infracción, el número de salarios mínimos fijado por el Código Nacional de Tránsito y si hubo descuento por pago oportuno. Infracciones graves por velocidad superan fácilmente el millón de pesos.
Contexto: Las fotomultas en Colombia antes y después de la investigación
Para dimensionar lo ocurrido, es necesario ubicar la investigación dentro del ecosistema general del control de tránsito en Colombia.
Las cámaras de fotodetección llegaron a Colombia como parte de una tendencia global de gestión tecnológica del tránsito. En teoría, su propósito es reducir accidentes causados por exceso de velocidad. La ANSV reportó más de 3,2 millones de comparendos expedidos en 2024, el 68% por exceso de velocidad. Sin embargo, la investigación de 2026 destapó una falla estructural: la ausencia del Concepto de Desempeño del INM no solo invalida jurídicamente las multas — también cuestiona la confiabilidad técnica de las mediciones.
Un reportaje de Caracol Noticias reveló que de las más de 300 cámaras operativas en Colombia, apenas 4 contaban con calibración vigente al momento de la investigación. Colombia expandió agresivamente su infraestructura de fotodetección entre 2018 y 2024, pero sin garantizar que los equipos cumplieran los estándares metrológicos mínimos. El resultado: millones de sanciones impuestas con equipos cuya precisión no estaba certificada.
La revocatoria masiva representa un punto de inflexión. Los organismos que continúen operando sistemas SAST deben mantener actualizado el Concepto de Desempeño del INM, y los ciudadanos cuentan con un precedente legal sólido para cuestionar sanciones sin el respaldo técnico requerido. La presión de esta investigación aceleró la regularización de decenas de organismos que operaban en zona gris normativa.
Fuentes institucionales: Ministerio de Transporte — mintransporte.gov.co · Superintendencia de Transporte · Secretaría de Movilidad de Bogotá.